Piden defensores reconocer Comité contra la Desaparición Forzada

En carta al secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, familiares de víctimas de desaparición forzada, expertos, defensores humanitarios y organizaciones de la sociedad civil, alertan sobre la “omisión” del Estado mexicano al “reconocimiento” de la “competencia” del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, para recibir casos individuales “en los que se considere que el Estado parte ha vulnerado los derechos humanos, previa aceptación de su competencia por el Estado parte; acto que garantiza el acceso a la justicia internacional a las víctimas y sus familiares,” en México.

En el mensaje al canciller Meade, se pide reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, garantizar la integración de la Convención en el marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas, por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM, la Asociación Española de Derechos Internacional de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan De Larios, A.C.; la Fundación Internacional Baltazar Garzón, A.C.; FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. y Asesoría para la Paz A.C. SERAPAZ, entre otras, así como una trentena de familiares de víctimas de desaparición forzada.

En medio de la crisis generada a raíz de la desaparición forzada de 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, familiares de víctimas, expertos y defensores recuerdan al canciller Meade que la práctica de la desaparición forzada "viola toda una gama de derechos humanos consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos y se configura como un hecho ilícito que genera una violación múltiple y continuada de varios derechos que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión.”

Ante irregularidades para acceder a la justicia, la existencia de órganos independientes que vigilan el cumplimiento a los tratados internacionales de derechos humanos y establecen garantías para revisar la actuación de los gobiernos, como el Comité de Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, “operan ante la ausencia de una investigación seria, imparcial y efectiva” en los estados nación.

Aunque el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas ha recomendado al Estado mexicano “aceptar la competencia del Comité relativo a las denuncias de particulares y el propio Gobierno Federal promulgó en su Programa Nacional de Derechos Humanos 2014–2018 (PNDH), la línea de acción 3.3.3 que establece "promover el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desaparición Forzada para recibir peticiones individuales"; a la fecha “se desconocen acciones concretas encaminadas a lograr el reconocimiento de la competencia del Comité, para de esta manera dar cumplimiento al más importante programa de gobierno en materia de derechos humanos, con lo que el propio Estado mexicano, al no aceptar la competencia del Comité, sustrae a las víctimas del marco de protección que brinda el mecanismo de Naciones Unidas en esta materia, en contradicción con el discurso público sobre el respeto a los derechos humanos que realiza el gobierno federal.”

Además, refleja una permanente omisión y ambigüedad en el discurso de los Derechos Humanos. No es suficiente que en las intervenciones de los funcionarios encargados del tema se manifieste, sin mayores razones, que "el tema continua en proceso de consulta de las áreas competentes", o "toma nota y se encuentra evaluando la posibilidad de aceptar la competencia".

“En el contexto actual, en el que en muchas regiones del país se presentan violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos entre ellas múltiples casos de desaparición forzada como los recientes hechos sucedidos en la ciudad de Iguala- Guerrero, las víctimas y sus familiares requieren del Estado mexicano un actuar diligente, de buena fe, en virtud del cual todas las autoridades están obligadas a considerarla y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos, entre ellos el acceso a la justicia."

Los defensores y expertos urgen a la SRE "informe de las acciones concretas tomadas a efecto de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas para recibir y examinar las comunicaciones individuales, para la Protección de todas las personas contra la Desapariciones Forzadas."

Igualmente, y bajo el supuesto de que existe la voluntad de garantizar el acceso a la justicia internacional para las víctimas y los familiares, las agrupaciones solicitan que, a la brevedad, la cancillería haga públicas todas las gestiones realizadas ante el Senado de la República para que este órgano conforme a sus atribuciones constitucionales ratifique la competencia del Comité para recibir comunicaciones individuales.

Por último y ante la información según la cual, el Estado mexicano omitió responder a la solicitud de visita al país realizada por el Comité contra la Desaparición Forzada, los defensores y expertos piden a la cancillería que informe las razones por las cuales el Gobierno Federal se abstuvo de aceptar la visita de los miembros del Comité, y caso que el Estado esté de acuerdo con recibirles, nos indique la fecha en la que se que se tiene programada la invitación a este organismo internacional.