Tiempo de dar color

El secretario de Relaciones Exteriores, que aunque recibió muchos reconocimientos del exterior no dejó un buen sabor de boca entre los aborígenes, Luis Videgaray Caso, junto al procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, que tampoco tiene un pasado notable, pueden recobrar el brillo de sus carreras si logran que los inculpados detenidos por diversos delitos en el exterior, sean juzgados con apego estricto a la ley.

Los dos más destacados son Tomás Yárrington Ruvalcaba, detenido y recluido en una prisión de Italia, acusado de lavado de dinero cuyo origen es producto de actividades criminales, como narcotráfico, saqueo al erario o cobro de piso y Javier Duarte de Ochoa, responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al menos 223 millones de pesos provenientes del erario público, que fueron entregado a negocios fantasma que, a su vez, lo triangularon a otras empresas y a diferentes prestanombres.

La asistencia consular y de procuración de justicia no estarán encaminadas a mostrar la inocencia de los aprehendidos por mandato judicial, situación imposible; sino, a lograr que tengan un juicio justo y que se haga un deslinde preciso de los cargos, que tienen que demostrarse de manera fehaciente. Porque, hay una enorme diferencia entre haber recibido sobornos por parte de las organizaciones del narcotráfico, que ser imputable de ese delito; pero más, mucho más, que las operaciones con dinero de procedencia ilícita se haya realizado con fondos públicos sustraídos de los presupuestos de los gobiernos. 

No existe una regulación general en torno al destino de los fondos incautados por estar relacionados con eventos delictivos; pero, lo ordinario es que queden a disposición de las autoridades que llevan los casos y que los juzgados determinen el destino final de los recursos. Lo que se ha vuelto casi general, es que los fondos de mexicanos que son procesados en el exterior, se queden allá, aunque hayan sido trasladados desde México.

Si pudiera ser aceptable que ello ocurra con dinero proveniente de actividades de los delincuentes que hacen llegar cargamentos de droga a territorio americano, por que hay perjuicio a la vigencia de la ley y daño a la sociedad; no es la misma circunstancia que obra con el depósito de fondos que han sido sustraídos de instancias oficiales en México para llevarlos a bancos, casas de inversión o correduría de bienes raíces al otro lado.

Ya se ha vuelto un lugar común en todo el planeta, la impunidad con que operan aquí los miembros de la delincuencia organizada dentro de la administración pública, de la que son ejemplos claros y precisos Yárrington y Duarte, cuyas actividades ilícitas caen en los dos extremos que se señalan. Uno, ligado al tráfico de enervantes; pero, no ajeno al robo de fondos públicos; el otro, directamente apuntado de haber saqueado Veracruz.

Tienen la Cancillería y la PGR la obligación de deslindar escrupulosamente cuáles son los dineros incautados que tienen relación con una coyuntura o otra; para lograr que se determine lo conducente y recuperar la mayor cantidad de fondos posible, con los cuales reparar los daños provocados por los delincuentes en cada uno de sus estados y en el país a nivel general. Si el producto de las actividades del narcotráfico no puede ser reclamado, que los fondos sustraídos de las arcas pública, sí se traigan de nuevo al país. Un caso muy ilustrativo al respecto, fue el que investigó la fiscal suiza Karla del Ponte con relación a Raúl Salinas de Gortari, quien depositó en instituciones bancarias de Suiza al menos 224 millones de pesos, cuya procedencia no pudo justificar. Finalmente, la PGR logró la devolución de 74 millones de dólares que supuestamente Salinas había robado de la partida secreta que operaba la Presidencia de la República, en poder de su hermano Carlos. Raúl recibió en mano cada uno de los billetes verdes venidos de Suiza; pero, esa es otra historia.

Igual tiene que hacerse con relación a los recursos incautados tanto a Yárrington como a Duarte, dado que corresponden a fondos sustraídos del erario público al que deben retornar.