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Orden en el mercado de bonos

El anuncio hecho por el máster Carlos Mena Labarthe, jefe de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia

El anuncio hecho por el máster Carlos Mena Labarthe, jefe de la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia, en el sentido de que se abrirá una muy amplia investigación en el mercado de los bonos del gobierno, alegra. Serán revisados los intermediarios financieros, las instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades de inversión y en específico las Sociedades de Inversión relacionadas con las Administradoras de los Fondos para el Retiro de los Trabajadores.

La colusión de los entes emisores de los bonos con los compradores y los traficantes, ha permitido una serie de irregularidades que afectan seriamente la economía nacional, sobre todo porque se encarecen los recursos que capta el gobierno federal, los gobiernos de los estados, de los municipios y de los organismos y empresas descentralizadas del Estado. Como la opacidad viene siendo una de las constantes en estas operaciones, que convienen al gobierno y a los adquirentes, se han hecho evidentes las prácticas monopólicas y, con ellas, la manipulación de los mercados.

Orden en el mercado de bonos

Mena Labarthe es un funcionario altamente calificado para llevar adelante la colosal tarea de destrabar los nudos gordianos del mercado de bonos emitidos por la administración pública para hacerse de recursos de inmediato, trasmitiendo la deuda a largo plazo. Dentro de su experiencia en el campo, de 2007 a 2013, fue director general de Investigaciones de Prácticas Monopólicas y Restricciones al Comercio Interestatal en la Comisión Federal de Competencia, y del 2013 al 2014, fungió como titular de la Unidad de Planeación Vinculación y Asuntos Internacionales en la misma dependencia, donde ahora titula la Unidad Investigadora, al parecer con mucho acierto y aplomo.

Durante el anuncio de la medida, explicó que: “Estas averiguaciones incluirán tanto al mercado primario de bonos, es decir, las emisiones que realizar el gobierno, como al secundario, que abarca la compra y venta entre instituciones y particulares. Su alcance, además, cobra relevancia debido al amplio espectro de participantes que podrían verse afectados. Uno de los principales perjudicados sería el gobierno, pues las prácticas monopólicas podrían derivar en un mayor costo de endeudamiento, lo cual también tendría efectos en los inversionistas y consumidores.

En este momento, el gobierno tiene colocados bonos por 6 billones, 200 mil millones de pesos, la mayor parte de los cuales están en posesión de las cuatro más grandes instituciones financieras del país, afectando las posibilidades de competencia de otros actores que están también interesados en ingresar a este mercado que se considera altamente seguro porque es deuda de gobierno, que se garantiza plenamente con los recursos que se captan con contribuciones varias.

Cabe señalar que los Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal con Tasa de Interés Fija (bonos) fueron emitidos por primera vez en enero de 2000, por idea de Francisco Gil Díaz, luego secretario de Hacienda de Vicente Fox, quien en no pocas veces ha sido tachado de no ser  escrupuloso en el manejo de los dineros públicos (creó los tramposos fideicomisos Isosa para privatizar las aduanas).

Actualmente son emitidos y colocados a 3, 5, 10, 20 y 30 años. Los bonos pagan intereses cada seis meses y, a diferencia de los bondes, la tasa de interés se determina desde la emisión del instrumento y se mantiene fija a lo largo de toda la vida del mismo. Lo anterior ocasiona que los bonos no puedan ser fungibles entre sí a menos que paguen exactamente la misma tasa de interés. Sin embrago, con el acaparamiento y dominancia del mercado, se operan de manera al menos sospechosa, como ocurre en todas las prácticas monopólicas.

De ahí la importancia de que la Autoridad Investigadora de la COFECE haya decidido intervenir para poner orden. Tal vez el punto crítico del mercado de bonos en México, sea que la colusión y posible intercambio de información entre participantes podría haber generado una manipulación de precio o de demanda en ese mercado por parte de las instituciones que los negocian, lo que violaría la Ley Federal de Competencia.

Prestar al gobierno y entidades oficiales se ha vuelto un negocio tan lucrativo para los bancos, que por ello no se preocupan de promover el crédito en otros sectores en lo que se requieren recursos para proyectos productivos de desarrollo.