Las virtudes de la alternancia

El 2016 ha sido un año difícil para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, habría que reconocer que fue un gran acierto, cuyas virtudes al paso del tiempo se irán consolidando, el haber propiciado la alternancia en la mayor parte de las gubernaturas que estuvieron en juego en junio pasado. Igual que el agua estancada se pudre, la permanencia de las mismas familias en el gobierno tiende a la corrupción.

Tan arraigado se ha tornado el sentido patrimonialista del ejercicio del poder público, que se heredan el cargo de padres a hijos, entre los cónyuges y hasta entre los hermanos como fue el caso de Coahuila, donde los Moreira se sucedieron en el gobierno para tapar sus enormes trapacerías que, cuando menos hasta estos días, continúan impunes. Como el presidente Ernesto Zedillo, el presidente Peña Nieto garantizó la democracia.

De las doce gubernaturas que se renovaron, el Partido Revolucionario Institucional perdió 7, incluyendo cuatro estados en los que mantuvo un férreo dominio durante 86 años: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. El Partido Acción Nacional dejó el poder en 2: Sinaloa y Oaxaca, que volvieron al tricolor. Otros partidos políticos tuvieron avances significativos y harán la función de contrapesos para evitar topillos.

El avance de la corrupción en el ejercicio del poder público durante los últimos 30 años fue vertiginoso porque no hubo quien se atreviera a jalar la cobija para destapar el pantano putrefacto del enriquecimiento ilícito y escandaloso. En cada elección se llegó a creer que los que llegaban no podían ser peores que los que se iban; pero, muy pronto llegaba la desilusión, pues la ingeniería de las tranzas alcanzó niveles inimaginables.

En el caso de Tamaulipas, no había nada oculto, pues los puestos públicos y cargos de representación popular no eran para servir a la gente; sino, para obtener el pase a mejor vida en las zonas residenciales de Texas, especialmente McAllen, Misión, la Isla del Padre y San Antonio. Allá están muchos de los grandes pillos que saquearon bien y bonito al estado. Inclusive, varios de ellos son señalados por enriquecimiento ilícito.

Ahora, gracias a que el presidente fue tajante en su propósito de garantizar elecciones limpias y transparentes, se ha cortado el hilo conductor de la corrupción y bien habrán de cuidarse los que llegan de no perpetrar las mismas acciones de los que se van, porque si caen en la tentación, no harán huesos viejos. Los votantes ya conocieron el gran poder del sufragio y si no ven resultados en un plazo razonable, buscarán probar otra opción.

La experiencia ha demostrado que la simple alternancia no resuelve por sí misma los problemas de la corrupción. Quedó demostrado cuando los mexicanos llevan al poder a Vicente Fox, quien había prometido acabar con las víboras prietas y las tepocatas, antes de aliarse con ellas, o con el becario de ingrata memoria que ahora quiere la presidencia para su mujer. Pero, la alternancia es el principio para que se arraigue la democracia.

Cuando ya no exista garantía de impunidad y los gobernantes electos por la voluntad de las mayorías y no por sus antecesores o por el Dedo Divino, exijan recibir la casa limpia y las cuentas claras, se estará en el camino correcto para recobrar la mística de servicio que es la esencia del quehacer político. Los ciudadanos recobraran su calidad de actores en la tarea de hacer de cada comunidad, municipio o estado un mejor lugar para vivir.

Dejarán de ser súbditos sometidos al poder caprichoso de las camarillas del poder, para ser los dueños de su propio destino. La alternancia puede ser el punto de partida para la reconstrucción del tejido social. Para ello, hay que mantenerla como un instrumento vigente, que permita cambiar lo que no sirve y mantener permanente la búsqueda de lo que si da resultados, porque, a fin de cuentas, la Constitución señala en su Artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.