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Gobierno bajo fuego

Ya sabían en Los Pinos que la revelación de las casas de precios multimillonarios del entorno cercano al presidente Enrique Peña Nieto, no iba a parar. Cuando apareció en la prensa que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, tenía una casa en Malinalco que había adquirido a través de una operación de compra-venta a la empresa Higa, el presidente le preguntó al propietario de la empresa, su amigo el empresario constructor, si había más miembros de su gobierno a quienes le hubiera vendido propiedades. Ninguno más, le respondió, pero las preocupaciones no pararon.

En los últimos días se reavivaron las versiones que iba a haber más revelaciones de propiedades de la cúpula del poder. En la casa presidencial había temor que se difundiera una especie sin confirmación que Peña Nieto tiene una propiedad no declarada en Punta Mita –algo que nadie que ha investigado ha podido verificar-, y en los corrillos políticos se hablaba de las propiedades del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en Las Lomas de Chapultepec. Finalmente, detalles sobre dos presuntas casas de Osorio Chong en ese elegante barrio de la ciudad de México, fueron publicados este domingo por la revista Proceso, adjudicando una de las propiedades a la esposa.

Gobierno bajo fuego

Osorio Chong respondió rápido. Las casas no eran suyas ni de su esposa, sino que fueron rentadas. Proceso respondió con una carta de sus reporteros para defender la investigación, aunque lo que probaron fue haber cometido un error. Dieron como hecho consumado una notificación de compra-venta e hipoteca a nombre de la esposa del secretario, llamada en el sector inmobiliario “primer aviso preventivo”, que es un requisito que se tiene que cumplir con vigencia de 30 días, donde si no hay una acción consecuente, se elimina automáticamente. Los Osorio Chong quisieron comprar esa casa, pero les resultó muy costoso para sus posibilidades comprar la deuda.

La investigación periodística dio por cierto un hecho falso, a partir de una lectura superficial de los documentos del Registro Público de la Propiedad. Sobre la mala lectura de los mismos, al identificar a Carlos Aniano Sosa, como el dueño de la inmobiliaria que hizo la operación de compra-venta, dijeron que era contratista en Hidalgo cuando el gobernador era Osorio Chong y figuraba en el padrón de proveedores de Pemex. Y a partir de ello, lo colocaron en la misma línea del conflicto de interés en la compra de la casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, y de Videgaray. Proceso, que es una revista que nunca reconoce errores aunque sea flagrantes, logró inopinadamente el objetivo en el imaginario colectivo, establecer como cierto un patrón de comportamiento ilegítimo de la élite del poder.

Ya saben en Los Pinos que la búsqueda y revelación de casas de precios multimillonarios del entorno cercano al presidente Peña Nieto, no va a parar. No es un tema que sólo lo afecte a él o a su gobierno. Apenas en marzo pasado, la Casa Blanca tuvo que desmentir que el presidente Barack Obama había comprado la espectacular mansión en Hawaii que protegía el investigador privado “Tom Magnum” en una popular serie de televisión de los 80s, y en julio del año pasado, negó que hubiera adquirido una mansión en Rancho Mirage, California. En 2008, Obama tuvo que colocar en línea toda la documentación sobre la compra de una casa en Chicago ya como candidato presidencial, ante la especulación que había incurrido en un conflicto de interés con su vecino, un donador del Partido Demócrata.

Respuestas rápidas y transparencia ha sido el camino de Obama y la Casa Blanca para enfrentar los rumores. No detiene la especulación en medios y redes sociales, pero neutraliza el daño político. Osorio Chong logró ese objetivo, hasta ahora, en gran medida porque los dos elementos tóxicos fueron falsos: la propiedad y el conflicto de interés. Lo que más afecta en términos políticos es el conflicto de interés, porque abre el espacio a la sospecha de corrupción. Este es el punto que no han podido resolver el presidente y el secretario de Hacienda, y dar una respuesta convincente que cambie de rumbo la percepción que incurrieron en un conflicto de interés, lo que niegan tajantemente.

La experiencia del fin de semana con el secretario de Gobernación obliga al presidente a volver a colocar en el tema de sus prioridades la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública sobre la obra pública adjudicada a las empresas de Hinojosa Cantú, de donde se determinará si hubo o no conflicto de interés. La investigación sobre Hinojosa Cantú, de acuerdo con personas que conocen de la obra pública adjudicada, mostrará que como Sosa en el caso de Osorio Chong, el empresario es proveedor y ha sido constructor en el estado de México, en otras entidades y a nivel federal, desde los tiempos en los que Peña Nieto y Videgaray eran absolutamente irrelevantes, o inexistentes en la vida pública. 

No hay que olvidar que la política dejó de ser hace mucho tiempo un acto de fe, y exige que las verosimilitudes sean combatidas con verdades. Sobretodo, cuando un gobierno como el de Peña Nieto, se encuentra sometido a un fuego interminable, que no se va a apagar.