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Entre lo justo y lo legal

Vienen corriendo las versiones de que las autoridades castrenses han determinado dejar a su suerte al soldado que disparó en contra de una persona herida y sometida, alegando que “actuó por su cuenta”, pues jamás recibió instrucciones de disparar al llevar a cabo los operativos en contra de los ‘ordeñadores’ de los ductos de gasolina en Palmarito, ni fue instruido por su superior de hacerlo en el momento de mayor tensión en el evento.

Los expertos en asuntos judiciales tendrán que ver qué tan acertada esta medida para dejar a salvo el prestigio de la institución castrense, sacrificando a uno de sus miembros, que actuó con precipitaciones y tan vez irreflexivamente en el desempeño de una tarea para la cual no están adiestrados ni capacitados los militares, que, según la Constitución deben proteger y resguardar la soberanía nacional y garantizar la seguridad interior.

Por los pronto, es necesario señalar que tanto el robo de combustibles, como la siembra y el tráfico de enervantes, son, indudablemente, actividades ilícitas, penadas por la ley; pero que, dadas las circunstancias, empiezan a tener cierto respaldo social por cuanto se considera que son una forma de desquite ante los embates del capitalismo salvaje que ha encontrado cobijo en algunas de las instancias de gobierno, inmersas en la corrupción. 

Entre lo justo y lo legal

No pueden desestimarse los efectos de la ley de causa y efecto en estos casos, pues ello significaría dejar de lado una de las aristas más importantes del problema de la violencia que azota al territorio nacional. Ya es innegable que la represión y la violencia por parte del Estado, no ha tenido los desenlaces deseados; por el contrario, se han multiplicado y se han diversificado los hechos violentos que afectan dramáticamente a la población.

En la frontera se conoce perfectamente este tipo de relaciones entre lo justo y lo legal. Durante el auge de las bandas del contrabando, que se internaba al resto del país; pero, se arreglaba en la frontera, las poblaciones limítrofes con los Estados Unidos tuvieron una época de gran bonanza y se convirtieron en el destino de miles de compatriotas que vinieron a prestar servicios de diversa índole, pues había la enorme derrama económica que dejaba el paso de mercancía extranjera sin el pago de aranceles, algo así como los tratados de libre comercio, con la diferencia de que éstos sólo benefician a unos pocos.   

El profesor Tomás Guevara Martínez, catedrático titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó al respecto que: “Mientras en Sinaloa el crimen circula en torno al tráfico de drogas, en otros estados tiene otros giros. En el centro del país mediante la toma clandestina de combustibles”. Agregó que algunos municipios marginales del estado de puebla “la población, ha salido a pedir que las autoridades se vayan de ahí”.

Además de elevar el número de elementos armados que hacen presencia en los lugares de conflicto, se hacen modificaciones en lo penal buscando ajustar la severidad de las condenas por los diversos delitos cometidos; pero, no se cuestiona con sumo rigor el funcionamiento del nuevo sistema judicial ni del carcelario. Así, la prisión sólo sirve para alejar al individuo declarado culpable un tiempo determinado en un lugar donde tendrá grandes oportunidades de adentrarse o de reafirmar sus tendencias delictivas.

Los recursos destinados a la movilización de elementos de las Fuerzas Armadas son muy altos y pronto habrán de llegar a un límite que incidirá, indudablemente, en sus capacidades para atender la encomienda de enfrentar a la delincuencia organizada ya sea en el comercio ilegal de narcóticos, como el robo de combustibles y demás actos antisociales. Lo que se haya avanzado, se perderá y, difícilmente, se lograra la calma.

Quizá los resultados podrían ser diferentes si esas comunidades abandonadas, en las que privan la miseria y la ignorancia, fueran atendidas con programas sociales efectivos, muy diferentes a las tareas de clientelismo político que perpetran las instancias de gobierno, y se establecieran políticas públicas como las de los EU para fomentar el empleo decente, adecuadamente retribuido.