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El regalo navideño de Carstens

A partir de que Agustín Carstens fue invitado para ser gerente del Banco Internacional de Pagos, se ha desatado un alud de elogios, pintándolo como el economista más ‘buzo’ del Anáhuac

A partir de que Agustín Carstens fue invitado para ser gerente del Banco Internacional de Pagos, se ha desatado un alud de elogios, pintándolo como el economista más ‘buzo’ del Anáhuac; la realidad es otra: ha sido llamado a un cargo de mayor jerarquía por su tozudez en las tesis neoliberales y por su empeño en tener bien puesta la camiseta de los Chicago boys, que, en la práctica, ni siquiera es capaz de entender en su cabal plenitud.

No la entiende porque, el punto central de las tesis de Milton Friedman que han recibido el nombre genérico de neoliberalismo, extendido mediante la globalización financiera, es la reducción del papel del Estado en la economía, que debe regirse mediante las leyes del libre mercado, atendiendo a la oferta y la demanda con sus múltiples variantes. Pero, el presidente del Banco de México se empeña, obtusamente, en constreñir la economía.

El regalo navideño de Carstens

Fue Agustín Carstens y sus acólitos, quien determinó que los salarios mínimos generales quedaran muy por debajo de las expectativas de los trabajadores, la disposición de los empresarios y las recomendaciones de los organismos encargados de medir las políticas de desarrollo, que habían llegado a la conclusión de que para el 2017, los minisalarios fueran de cuando menos 89 pesos con 35 centavos, lo que, claramente sería insuficiente.

Mediante un absurdo estudio denominado ‘Inflación y salario mínimo’, el Banxico dijo que si el salario mínimo aumenta de su nivel actual, 73.04 pesos diarios, a 89 pesos, que es la cantidad que se requiere para alcanzar la Línea de Bienestar Mínimo según los análisis que ha llevado a cabo el Coneval, la inflación se incrementaría en 3.3 puntos %. No hay elementos racionales dentro de la economía para afirmar tal cosa.

Es una orden que vino de un organismo del Estado mexicano: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo titular, Alfonso Navarrete, quien tiene un pobre ingreso de apenas 672,452 pesos mensuales, según su declaración patrimonial, manifestó que: “Aunque hay margen para aumentar el salario mínimo más allá de la inflación, se debe considerar el estudio de Banco de México que advierte de un efecto faro del incremento a los mínimos sobre el resto de los aumentos salariales, lo que golpearía a la cadena económica, y traería un repunte en los precios”.

El portal la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos dice: “Tiene como objetivo fundamental cumplir con lo establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia”. 

La Constitución dice que: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultura y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos”. Pero, desde que Carlos Salinas puso al frente de ese organismo al ‘betabel’ Basilio González Núñez, ese mandamiento se pasa por el arco del triunfo. 

Carstens dijo que si se aumentaba el mínimo general a 89 pesos, la inflación crecería 3.3 %, que vendría a añadirse a la que ya está contemplada para este año, que es de 3 %, de tal suerte que el resultado final sería una inflación total del 6.3 por ciento. Que absurdo. Las reglas básicas de la administración empresarial indican que un sano porcentaje de los ingresos brutos que debe destinarse al pago de salarios varía entre el 30 y el 50 por ciento, lo que, de entrada resultaría muy alto si no fuera porque en él se contempla el salario del propietario y de su cuerpo de administración, que son los que tienen más peso. El porcentaje destinado a los trabajadores en general, sería apenas de alrededor del seis por ciento, con una incidencia muy diluida en los costos de producción.

Lo que hizo Carstens con su decisión absurda es castigar al trabajador e inhibir la modernización administrativa y la innovación tecnológica de las empresas. ¡No dejó que las fuerzas del mercado determinaran los aumentos!