El desprecio por la educación pública

Buena parte de los problemas que tenemos se originan en el terrible desprecio que las élites económicas y políticas mexicanas guardan hacia lo público.

¿Cuántos altos funcionarios del gobierno usan los hospitales del ISSSTE? ¿Quiénes de entre las élites económicas acuden a consulta médica en el IMSS? ¿Quiénes de ellos se han subido al Metro, o al micro, o al autobús de transporte público? ¿Cuándo fue la última vez que los hijos de un secretario de Educación Pública se educaron en escuelas públicas bajo su mando?

En México el desprecio por los servicios públicos se traduce en un profundo desdén por sus usuarios. No les importa lo que ocurra con las escuelas “de gobierno” porque sus hijos nunca han estudiado en planteles públicos. Que se pudra la educación pública – al cabo no es mi problema.

A la escuela “de gobierno” van los hijos del chofer, de la cocinera, del jardinero, del trabajador, del empleado, la gente del campo y de las colonias populares, los niños de extracción indígena, los morenos, los pobres – o sea, 90 por ciento de los niños y jóvenes mexicanos.

A la escuela privada van apenas el 10 por ciento de los niños, aquellos cuyo proceso de socialización les refuerza los códigos que aprenden en casa: este país es propiedad de un pequeño puñado de personas que son como yo, que visten como yo, que hablan como yo, que van a los mismos lugares: las mismas escuelas, hospitales, clubes deportivos, restaurantes, cines.

El hecho es que la escuela sea privada no garantiza mejor calidad en la educación, ni mejores resultados. Hay alumnos de escuelas públicas que ganan concursos de matemáticas, de lecturas y de ciencias, obteniendo resultados superiores a los estudiantes de escuelas privadas.

Ah, pero en la escuela privada va el hijo del diputado, el sobrino del alcalde, la nieta del gran empresario, incluso los hijos de aquél señor cuya súbita fortuna tiene orígenes oscuros. Es importante que los conozcas, que te inviten a sus cumpleaños, que se hagan amigos desde chiquitos.

Vivimos en un país en donde quienes deciden acerca de educación, salud y transporte público simple y sencillamente no sufren las consecuencias de sus propias decisiones. Condenan a la mayoría de la población a una educación deficiente en instalaciones inadecuadas, a un sistema de salud precario con hospitales desabastecidos, y a un transporte público insuficiente e inseguro.

El Metro de Washington DC es un transporte público dirigido por una agencia gubernamental del gobierno federal, el del Distrito de Columbia y los de Virginia y Maryland. Lo usan desde el banquero y el economista del Banco Mundial hasta el empleado de limpia; por lo tanto, su cuidado, aseo, mantenimiento y seguridad son una prioridad.

Los franceses se precian de que sus grandes escuelas de educación superior, consideradas un servicio público gratuito, mantienen un nivel de excelencia de clase mundial.

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido opera bajo la premisa de que el buen cuidado de la salud debe ser un derecho para todos, independientemente de su nivel de ingreso.

La evidencia en países industrializados deja claro que la solución a los malos servicios públicos no es su privatización, sino la reivindicación de lo público como una prioridad nacional.

La segregación entre clases sociales en México perpetúa la pésima situación de los servicios públicos.

La educación pública de calidad es crucial para México. No es una mercancía. Es una obligación del gobernante ofrecerla y un derecho del ciudadano aprovecharla.

La eficacia y eficiencia de la inversión pública en educación deben medirse en función de qué tanto favorecen el interés general y la imprescindible cohesión social.

Twitter: @Carlos_Tampico

(*) (Profesor asociado en el CIDE/El Universal)