Diáfano y preciso

Contundentes fueron las palabras del general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensas Nacional al señalar que ni se busca la militarización del país, ni el Ejército quiere trocarse en policía. Dijo, el Día del Ejército: “No debe ser una ley a modo para las Fuerzas Armadas, esperamos que sea una ley que fortalezca precisamente al Estado mexicano; una ley que puntualice y obligue lo que a cada quien le corresponde hacer”.

Luego, con todas sus letras volvió a demandar que: “Que los gobiernos federal, estatales y municipales se responsabilicen y rindan cuentas”. Pidió: “Una ley que dé certeza jurídica a las autoridades; pero, sobre todo a la sociedad. Una ley que beneficie a todos los mexicanos”. No hay posibilidad de que alguien no entienda lo que manifestó el general de forma precisa: que cada instancia de gobierno cumpla con sus obligaciones.

Ya es tiempo de que los tres niveles de gobierno dejen de echarse la pelota unos a otros, eludiendo los compromisos que adquieren al demandar el voto ciudadano para llegar a los cargos públicos. Si han accedido a un puesto de gobierno, por el que reciben buena paga; si han jurado cumplir y hacer cumplir la ley; si gozan de todos los privilegios que se derivan de los cargos; también es necesario que cumplan con los deberes propios.

Ha pasado ya mucho tiempo desde que se decidió que el Ejército dejara sus cuarteles para enfrentar a la delincuencia organizada. En su momento se dijo que sería de manera temporal y que, una vez pasada la contingencia, volverían a la actividad profesional que señala la Constitución. En ese lapso, habrían de crearse cuerpos policiacos adiestrados y pertrechados adecuadamente para combatir conductas antisociales; no se ha cumplido. 

Por angas o mangas, los gobiernos han desatendido las tareas de protección y seguridad para los mexicanos. En dos ocasiones, el secretario de la Defensa ha instado al Congreso a legislar para crear el marco normativo que regule la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles, en el que deberá quedar puntualizado todo lo que atañe a las condiciones que deben darse para su retorno a los cuarteles; pero, no ha logrado avanzarse en el asunto.

La semana pasada, luego de discusiones estériles y de que los dos partidos mayoritarios quisieron imponer criterios poco consensuados, debió diferirse de nuevo la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. El argumento de mayor peso para no llega a un acuerdo fue que, en las nuevas disposiciones no se precisa exactamente cuál es el rol de cada entidad en los ámbitos civil y el militar. En este aspecto tiene que tejerse una trama fina.

Al respecto, el general Cienfuegos precisó: “A quienes por falta de información o tergiversación de la misma u otros intereses no visibles, señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad pública o a su militarización, les aclaramos que las Fuerzas Armadas mexicanas creen, respetan e impulsan el estado de derecho y la gobernabilidad democrática, y por lo tanto consideramos que la iniciativa que llegara a aprobarse debe contener un concepto multidimensional que involucre a todas las autoridades, bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y nuevamente gradualidad”. Esos conceptos no dejan lugar a dudas.

Luego, como para que no se hagan los desentendidos, expresó: ““Reconocemos la voluntad y los esfuerzos que realiza el Congreso de la Unión para dotar al Estado mexicano de una ley de seguridad interior, instrumento jurídico que delimitará obligaciones y atribuciones para cada una de las autoridades del país en esta materia, incluyendo como última instancia la participación de las Fuerzas Armadas bajo un principio de gradualidad”. Si los propios militares reconocen los límites, los mandos civiles no pueden dejar se reconocerlos. Quizá es hora de que los gobiernos actúen.

Que se vea en las tres instancias de gobierno voluntad y energía para responder a las demandas de una sociedad que quiere vivir en paz y progresar en el marco de armonía.