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Los gobernadores cleptócratas. LA CAJA DE PANDORA TRICOLOR

¿Cómo se puede interpretar como ‘mensaje firme y contundente’ si el presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera es capaz de mencionar a Yarrington y a Duarte por su nombre?

  • Por: Agencia Proceso
  • 20 / Abril / 2017 -
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Los gobernadores cleptócratas. LA CAJA DE PANDORA TRICOLOR

TIEMPOS FELICES. El entonces gobernador Javier Duarte y el presidente Enrique Peña Nieto en una fotografía tomada en enero de 2015.

Por Jenaro Villamil

Las recientes detenciones de Tomás Yarrington en Italia y de Javier Duarte en Guatemala no están siendo capitalizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y mucho menos por el PRI, a pesar de la percepción mayoritaria de que se trata de “golpes electorales” en función de los comicios del Estado de México.

La misma percepción revela que ni el sabadazo para atrapar a Javier Duarte, el emblema contemporáneo del sátrapa, se interpreta como una victoria contra la impunidad y la corrupción, sino como una “detención pactada” para utilizar al exgobernador de Veracruz con fines de propaganda electoral.

El mismo presidente Enrique Peña Nieto lanzó un autoelogio el pasado 17 de abril que pone en duda la eficacia de estas detenciones: “quienes quebrantan la ley deben responder por sus actos. Independientemente de lo que determine el Poder Judicial, estas detenciones son un mensaje firme y contundente del Estado mexicano contra la impunidad”.

¿Cómo se puede interpretar como “mensaje firme y contundente” si Peña Nieto ni siquiera es capaz de mencionar a Yarrington y a Duarte por su nombre? ¿Dónde está el mensaje contra la impunidad si Yarrington fue señalado desde 2004 por recibir sobornos de los cárteles y pasaron cinco años de esta administración hasta que fue detenido por una petición expresa de Estados Unidos y no de la PGR?

¿Cómo creer que es un logro si Duarte tuvo tiempo suficiente para terminar su sexenio, dejar un quebranto de 34 mil 57 millones de pesos –según la Auditoría Superior de la Federación– y sembrar a su entidad fosas de 15 mil desaparecidos, periodistas asesinados y una ola de inseguridad inauditas?

El problema fundamental es que la era de los gobernadores cleptócratas en el sexenio de Peña Nieto rebasó todos los límites de la contención hasta convertirse en un “pacto de impunidad” que ya no se puede sostener ante el derrumbe electoral del priismo, las complicidades con el PAN y el PRD y la intensa presión de las autoridades de Estados Unidos.

UNA LARGA LISTA

Oficialmente, sólo hay siete ex gobernadores detenidos de un total de más de 21 mandatarios estatales señalados por la ASF, la Secretaría de Hacienda, la DEA y organizaciones civiles por sus desfalcos, sus pactos mafiosos, su intensa corrupción.

Estos siete detenidos son los siguientes:

-Javier Duarte y Flavino Ríos, gobernador constitucional e interino de Veracruz. El segundo sólo estuvo 48 días al frente del Ejecutivo estatal.

-Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005, pero con una clara influencia en la situación criminal de su entidad y de Veracruz desde hace más de una década.

-José de Jesús Reyna, gobernador interino de Michoacán, quien terminó por responder del desvío de dos mil 323 millones de pesos desde el gobierno de Fausto Vallejo, mandatario priista con quien se desbordó la influencia de los cárteles de la droga.

-Andrés Granier, exmandatario priista de Tabasco, detenido en 2013 por desvío de dos mil 600 millones de pesos.

-Guillermo Padrés, exgobernador panista de Sonora, el único de los ocho mandatarios señalados desde noviembre de 2016 por la Auditoría Superior de la Federación por una serie de irregularidades graves en el manejo del presupuesto.

-Mario Villanueva, extitular priista de Quintana Roo, arrestado desde el gobierno de Vicente Fox por corrupción y vínculos con el crimen organizado.

A estos siete detenidos hay que sumar a los mandatarios del “nuevo PRI” de Peña Nieto que han sido también acusados y que algunos se encuentran prófugos, otros amparados o simplemente disfrutando del anonimato:

-Rodrigo Medina, exgobernador priista de Nuevo León, quien estuvo unas horas en la cárcel y ha logrado librar la acusación de peculado y desvío por tres mil 600 millones de pesos. La ola de violencia y corrupción que vivió esta entidad durante su mandato está presente aún en los habitantes regiomontanos.

-César Duarte, exejecutivo priista de Chihuahua, prófugo desde hace más de tres semanas, acusado de peculado y presunto lavado de dinero.

-Roberto Borge, exgobernador priista de Quintana Roo, quien no tiene orden de aprehensión en su contra, pero sobre él hay nueve denuncias ante la PGR y la Fiscalía de la entidad por rematar nueve mil 500 hectáreas de la reserva territorial estatal, entre otros delitos.

-Humberto Moreira, exmandatario de Coahuila, exdirigente nacional del PRI, uno de los más firmes aliados de Peña Nieto en su ascenso a la candidatura presidencial, hasta que fue señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La Secretaría de Hacienda documentó que durante su gobierno la deuda pública se disparó de 323 millones de pesos a 36 mil 186 millones de pesos. Comparte con Javier Duarte el “honor” de ser uno de los más señalados por irregularidades en el manejo del presupuesto y del súbito endeudamiento. Anda libre y aspira a ser diputado local por el Partido Joven.

HASTA EUGENIO

Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, sucesor de Yarrington (2004-2010), quien apoyó también a Peña Nieto en su aspiración presidencial. Es buscado por la DEA desde el 18 de junio de 2015. Se especula que está escondido en Quintana Roo.

-Mario Anguiano Moreno, exgobernador priista de Colima, acusado por irregularidades presupuestales por mil 800 millones de pesos y en proceso de “juicio político”.

-Jorge Herrera Caldera, exmandatario priista de Durango, acusado por un presunto desfalco y un súbito endeudamiento por 15 mil millones de pesos.

Sin embargo, hay una segunda línea de exmandatarios del PRI que se libraron de una investigación y están relacionados con el ascenso de Enrique Peña Nieto.

Son los casos, sobre todo, de Arturo Montiel, padrino político y antecesor de Peña Nieto; Ulises Ruiz y José Murat, exmandatarios de Oaxaca; Mario Marín, el góber precioso de Puebla; Fidel Herrera, de Veracruz y principal apoyo para que llegara Javier Duarte al poder; Natividad González Parás, exgobernador de Nuevo León, principal padrino político de Rodrigo Medina y de quien ya nadie habla.

Y a esta lista habrá que agregar a los gobernadores que llegaron bajo siglas opositoras, pero que dejaron desfalcadas y desmoralizadas a sus respectivas entidades o enfrentan acusaciones por presunta corrupción: Juan Sabines en Chiapas; Ángel Aguirre en Guerrero; Gabino Cué en Oaxaca; y el panista Kiko Vega, quien aún gobierna Baja California.

‘Duartistas’ en prisión y otros en la antesala

Por Noé Zavaleta

Xalapa, Veracruz

Con la aprehensión del priísta Javier Duarte de Ochoa el sábado pasado en el balneario de Panajachel, Guatemala, por parte de la Interpol y la Policía Federal, son seis los exfuncionarios o amigos del exmandatario que se encuentran en prisión desde que concluyó su fatídico sexenio.

Además de Duarte, quien aguarda en la prisión de Matamoros en Guatemala una orden de extradición que tendrá que emitir el gobierno mexicano, se encuentran en la modalidad de “prisión preventiva”, el exsecretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita; el exsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, Francisco Valencia, y el extitular de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y excontralor General del estado, Mauricio Audirac Murillo.

Con un arresto domiciliario y que antecede a una prisión en un nosocomio privado, se encuentra el exgobernador interino y exsecretario de Educación, Flavino Ríos Alvarado, quien apenas estuvo dos semanas en prisión.

Por motivos de salud se encuentra con prisión preventiva, pero en un nosocomio público, el líder de los 400 pueblos, César del Ángel quien es acusado por el actual gobierno que preside Miguel Ángel Yunes Linares por los delitos de lesiones, incitación a cometer un delito, apología del delito y motín, ocurridos en junio del 2016, cuando Yunes ya tenía la categoría de gobernador electo.

MÁS EN LA LISTA

D

e acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) y a carpetas de investigación abiertas o juicios de procedencia emitidos, se encuentran en la antesala de la prisión, el exsubsecretario de Egresos, Carlos Aguirre Morales –ya prófugo de la justicia-; el extesorero de Duarte, Tarek Abdala Saad –actual diputado federal con un juicio de procedencia iniciado que tendrá que ser resuelto en mayo-, y el excontralor de Duarte, Iván López Fernández, hoy candidato independiente a la alcaldía de Emiliano Zapata y quien declaró en abierto a la prensa de la existencia de más de 600 empresas fantasmas.

Prófugo de la justicia se encuentra el exdirector general del Seguro Popular, Leonel Bustos Solis, quien ingresó a prisión en enero pasado, acusado del traspaso irregular de 2 mil 300 millones de partida presupuestal del Seguro Popular a una cuenta identificada con el gobierno del expriista Javier Duarte de Ochoa, pero que por una mala integración del expediente en la FGE logró salir de prisión. Aunque ya se le emitió una nueva orden de aprehensión, no ha podido ser capturado.

Mención aparte merece Aguirre Morales, exfuncionario de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a quien sus propios amigos priistas le han ventilado su vida de lujos y excesos, como tener un departamento en Madrid y pagar un palco anual en el estadio Santiago Bernabeu, donde juega el Real Madrid.

Sus excompañeros del gobierno de Duarte le han ventaneado que entre sus excesos, contrató a la cantante Belinda para celebrar los 15 años de su hija.

‘‘VOY POR TODOS’’

E

l Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz ha dicho que el actual gobierno tiene carpetas de investigación abiertas contra 300 exservidores públicos del gobierno de Duarte: “voy por todos ellos, aunque no me crean”, aseveró Winckler en entrevista.

A través de una solicitud de transparencia que hicieron los periódicos digitales, Crónica de Xalapa y Blog Expediente se logró documentar que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGE tiene 770 denuncias penales en contra de exfuncionarios de Duarte, aunque varias carpetas de investigación aluden a un mismo funcionario.

Arturo Bermúdez, con la clave “Capitán Tormenta” al interior de la corporación policíaca, ingresó a prisión desde el 6 de febrero del 2017, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

La carpeta de investigación FGE/FIM//CI/068/2017/XII –a la que este reportero tuvo acceso- da cuenta de que el funcionario priista “incrementó” sus bienes comerciales por 64 millones 733 mil pesos, lo cual es discordante con los ocho millones 229 mil pesos de pagos de nómina que tuvo en el sexenio de Duarte, y con su percepción anual del 2011 –primer año del anterior sexenio-, cuando Arturo Bermúdez apenas percibió 498 mil, 241 pesos como dieta anual.

El 1 de abril de este año, ingresó a prisión Francisco Valencia García, exdirector general de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) y titular de obras públicas con Duarte.

A él se le acusa de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias, todos incluidos en el proceso penal 56-2017.

ES VOX POPULLI

L

a madrugada del 30 de marzo, Mauricio Audirac Murillo, exsecretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) ingresó al centro de readaptación social de Pacho Viejo, acusado del delito de coalición cometido en agravio del servicio público, pues se le responsabiliza de pactar con el director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, Leonel Bustos –prófugo de la justicia-, y el extesorero Tarek Abdalá Saad –hoy diputado federal y sujeto a un juicio de procedencia–, para desviar del presupuesto de la Secretaria de Salud más de 2 mil 300 millones de pesos.

Audirac fue detenido por elementos de la Fiscalía General en Puebla cuando pretendía adquirir un automóvil de lujo y exhibido en redes sociales con prendas y zapatos de alta costura. En Veracruz se le dictó prisión preventiva de un año.

En Veracruz, es vox populli, que entre el círculo cercano de Duarte, hay otros extesoreros que también tuvieron responsabilidad en el quebranto financiero, sin embargo no han sido molestado por la justicia, porqué cuentan con fuero local, como son los diputados, Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo a quienes incluso, fuera de grabadores, sus compañeros priistas acusan de haber pactado con el actual gobierno de Yunes Linares de tener impunidad a cambio de entregar más información comprometedora que involucre a su exjefe, Javier Duarte.

En el Congreso de la Unión, también se encuentran señalados los legisladores, Jorge Carvallo Delfín, Erick Lagos Hernández, Nohemí Guzmán Lagunés y Alberto Silva Ramos, quienes ocuparon cargos clave en el gabinete de Duarte en el periodo 2010-2016.


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