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Llega tarde la ley de tortura

Además de incompleta, Desaparición es confundida con secuestro o privación de la libertad

Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo de I(dh)eas, recordó que la reforma inició desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, cuando se exacerbó la desaparición forzada y la tortura en el país.

Llega tarde la ley de tortura
La reforma al artículo 73 constitucional, que permite legislar en materia de desaparición y tortura, llega tarde e incompleta, criticaron representantes de organizaciones civiles.

"El fenómeno de la desaparición se ha venido llamando como personas extraviadas, personas no localizadas. Con el marco normativo en México no es posible comprobar la participación de agentes del Estado, lo que configura la desaparición forzada. (Tampoco) se reconocía la desaparición, donde grupos del crimen organizado se llevan a la gente con el simple objetivo de desaparecerlas", explicó Gutiérrez.

Porque los tipos penales no son iguales ni adecuados en los estados, la desaparición es confundida con secuestro o privación arbitraria de la libertad. Además, las sanciones son mínimas, de 3 a 6 meses de prisión.

Olga Guzmán, directora de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que los legisladores pierden una oportunidad única para legislar en materia de ejecuciones arbitrarias y desplazamiento forzado.

Ambas organizaciones formaron parte de una propuesta ciudadana entregada al Senado el 9 de abril, instándolos a reformar los artículos 19, 29 y 73 constitucionales para legislar sobre desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones arbitrarias.

"Era una oportunidad trascendental para facultar al Estado para legislar en estos temas. Es lamentable que no se haya logrado incorporar, y que no haya habido un consenso ante la necesidad apremiante de atender estos.  

A pesar de las críticas, las organizaciones celebraron como novedosa e importante la reforma, la cual atiende las recomendaciones hechas este año por el Comité de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada y por el Relator de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan E. Méndez.

El dictamen reconoce la existencia de los fenómenos de la desaparición forzada, la desaparición y la tortura, así como la necesidad de configurar un marco normativo para combatirlos.

Una vez que se apruebe el dictamen, quedarán 180 días para que el Senado discuta y apruebe la Ley General sobre Desaparición.

En dicho sentido, urgieron que las víctimas y las organizaciones puedan participar en el debate, a través de mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación y con el Senado.




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