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• Investigan red internacional de lavado • Políticos y empresarios involucrados • En la mira Susumo Azano y G. Pascual

27 enero 2014

 
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Después de 1 año de silencio, como una tregua planeada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para evitar acusaciones por corrupción en contra de exfuncionarios del gobierno de Felipe Calderón que abusaron del poder y que se mueven en la impunidad por razones políticas hasta que se termine de aprobar las reformas promovidas por la actual administración, se empieza a conocer, por el trabajo de la prensa, información relevante sobre operaciones irregulares que revelan la enorme corrupción en la que ha estado envuelto el gobierno federal.

La semana pasada el reportero Abel Barajas dio a conocer en el diario Reforma que la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo del mexiquense Alberto Bazbaz Sacal, investiga una intrincada red de lavado de dinero y fraudes fiscales supuestamente comandada por el empresario de origen japonés José Susumo Azano, quien ha sido uno de los principales proveedores de equipo de espionaje para el Ejército y para la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Esto implicaría a militares y funcionarios en actos de corrupción para el otorgamiento de contratos a la empresa Security Tracking Devices (de la cual ya hemos hecho referencia en otras columnas), propiedad de Susumo Azano, quien contrato como director a Walter Meade, primo hermano del secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, a fin de obtener un mejor trato del gobierno peñista.

De acuerdo con el trabajo de investigación del reportero Barajas, en la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013, por la que están encarcelados el empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega, ambos de Comercializadora Piter, la Procuraduría General de la República descubrió que esta empresa recibió 33 millones de pesos de Security Tracking Devices.
El dato vincula estrechamente a Susumo Azano en operaciones de blanqueo de capitales para la delincuencia organizada y la venta de facturas apócrifas para deducir impuestos.

Como es público, la UIF es uno órgano de inteligencia adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por consiguiente, está bajo las órdenes del influyente secretario Luis Videgaray, responsable de indagar todas las operaciones relevantes que puedan estar vinculadas con dinero ilícito o fraudulento.
Por ello, la información de esta unidad es confidencial y muy importante.

Este caso es tan relevante para el gobierno de Enrique Peña Nieto, que otros órganos de inteligencia (como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional) han intervenido en las indagatorias.
De esos expedientes oficiales se desprende que las primeras investigaciones provienen de Argentina y vinculan el “caso México” con una red internacional en donde aparecen actividades e inversiones del abogado-empresario Gonzalo Pascual, quien tiene procesos abiertos en ese país suramericano y ha aparecido en los expedientes de la UIF por sus operaciones en México vinculado con Susumo Azano.

Las autoridades argentinas solicitaron al gobierno mexicano su cooperación para investigar y ubicar a Pascual en sus actividades en este país, lo que coincide con la investigación que lleva a cabo la UIF en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, sobre probables actividades de lavado de dinero y evasión fiscal en que podría haber incurrido Gonzalo Pascual en México, a través de la empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM.

Esta investigación se originó al detectarse movimientos “relevantes e inusuales” en diversas cuentas de dicha empresa y de otras en las que se ha descubierto la intervención de Gonzalo Pascual, con transferencias millonarias a otras empresas catalogadas como fantasma o espejos, ubicadas en diversos países de Europa, con la intención de blanquear grandes sumas de dinero de políticos, empresarios y contratistas del gobierno mexicano.

Hasta ahora, señalan los informes confidenciales, se ha logrado la ubicación de al menos cuatro empresas fantasma establecidas en Suiza, Holanda y Hungría: Cooperativa Verening Global Mutual STR; Trademar KS Management Consultinng BV; C&O Consultancy BV, e Intercandy Investment Centauros BV.

Entre las transferencias donde ha quedado acreditada, para las autoridades de la UIF, la ruta iniciada desde territorio mexicano, destacan las siguientes:
1.
Transferencia por un monto de 2 millones 350 mil euros, realizada el 13 de octubre de 2011, a la compañía “C&O Consultancy, BV”.

2.
Transferencia por 2 millones 182 mil 990 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía “Trademar KS Management Consulting, BV”.

3.
Transferencia por un monto de 1 millón 873 mil 370 euros, realizada el 4 de noviembre de 2011 a la compañía “Cooperative Verening Global Mutual STR”.

4.
Transferencia por 2 millones 350 mil 60 euros, realizada el 26 de abril de 2012, a la compañía “C&O Consultancy, BV”.

5.
Intercandy Investment Centauros, BV, en proceso de investigación en sus movimientos bancarios.

Esta investigación en contra de Gonzalo Pascual se aceleró recientemente a raíz de la publicación en diversos medios de comunicación de los múltiples contratos millonarios que varias dependencias del gobierno federal le asignaron durante el sexenio anterior a las empresas de Susumo Azano.
Aquí se indaga si hubo, como se afirma, una estrecha relación de este empresario con el expresidente Felipe Calderón.

Asimismo, se tienen informes de que una de las distintas cuentas que se están rastreando es la número 197-5982242, del banco Banamex, que está registrada a nombre de Gonzalo Pascual, y tenía un saldo de 16 millones 325 mil pesos.
En dicha cuenta, Pascual proporciona un domicilio particular ubicado en la calle Bosque de Tecojotes 73, departamento 401, Bosques de las Lomas, en el Distrito Federal.

La empresa Fidemont México, SA de CV SOFOM, está ubicada en la calle Montes Urales 720, piso 3, Lomas de Chapultepec.
Cuenta con la Clave Casfim 693604 del Sector Sociedades Financieras de Objeto Múltiple ENR, y cuya cédula del Registro Federal de Contribuyentes es la FME120118NI5.

Esta empresa forma parte del conglomerado Fidemont Group Offices, que cuenta además con oficinas en diversos países y algunos paraísos fiscales.

FIDEMONT MÉXICO
En las investigaciones de los órganos de inteligencia mexicanos, se ha hecho un reporte puntual de Gonzalo Pascual y su empresa Fidemont México S.
A.
de C.
V.

De ese empresario se afirma que es originario de Buenos Aires, Argentina, licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (1984-1989) y cuenta con una Maestría en Derecho, por la London School of Economics Political Service (1998-1999).

En su experiencia profesional laboró en el despacho jurídico “Salvat, Etala & Saraví”, ubicado en Buenos Aires, de agosto de 1992 a julio de 1998 y se especializó en asuntos civiles y comerciales.
consejero en la polémica empresa Siemens de marzo de 2000 a marzo de 2003; ejecutivo en la empresa “Amicorp”, de marzo de 2003 a septiembre de 2004 y después asumió la dirección de “Fidemont México S.
A.
de C.
V.
SOFOM”.

Gonzalo Pascual ha estado implicado en un proceso legal que se instruye actualmente en Argentina en contra de Armando Boudou, vicepresidente en funciones de esa nación; y de supuestos prestanombres y socios, los empresarios Alejandro Vanderbroele y José María Núñez Carmona, así como de otros implicados en una intrincada red de tráfico de influencias y lavado de dinero, señalan los reportes policiales.

Esta investigación se origina con la adquisición de una empresa denominada “Ciccone Calcográfica”, la cual fue declarada en quiebra por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del gobierno argentino y meses después, en el 2010, fue adjudicada a favor de otra un fondo de inversiones llamado “The Old Fund S.
A.
”, el cual se constituyó ex profeso para la adjudicación de Ciccone Calcográfica, siendo sus principales socios Alejandro Vanderbroele y José María Núñez Carmona.

Este fondo fue constituido como sociedad con sólo 30 mil pesos argentinos.

Detrás de esta adjudicación directa, en la que se registraron múltiples irregularidades, estuvo la mano de Armando Boudou, quien en ese tiempo fungía como ministro de Economía del gobierno argentino, dependencia directamente responsable tanto del proceso de quiebra de Ciccone Calcográfica como de su adjudicación posterior a The Old Fund S.
A.

Amado Boudou cabildeó, directamente y a través de terceros, ante el juez comercial Javier Cosentino, para que fuera levantada la quiebra de Ciccone Calcográfica establecida tiempo atrás por la AFIP, petición que fue atendida por esta autoridad judicial, quien fijó el pago de 567 mil pesos argentinos por esta operación, habiéndose depositado esa cantidad el 3 de septiembre de 2010.

Después de la adjudicación referida a sus socios y prestanombres, Armando Boudou intervino personalmente para que el gobierno argentino asignara contratos por más de 50 millones de dólares a Ciccone Calcográfica, para la impresión de billetes para el estado argentino, principalmente de billetes de 100 pesos argentinos.

Para la adquisición de Ciccone Calcográfica los empresarios Alejandro Vanderbolee, amigo personal de Armando Boudou, y José María Núñez Carmona instrumentaron una compleja red financiera internacional, en la cual tuvo una participación relevante Gonzalo Pascual, quien tiene desde hace tiempo fuertes nexos con Alejandro Vanderbroele, según señala los reportes.

Como parte de ese entramado financiero internacional, detrás de The Old Fund S.
A.
aparecen otras empresas “fantasmas”, entre esta una llamada “ Tierras International Investments CV”, la cual fue constituida en Holanda, pero con la firma de dos mujeres originarias de las Antillas, de nombres Julisa Abigail Comenencia-Koolman, de 33 años de edad; y Indra Farah Marie Vilchez, de 39 años.

Todo este entramado salió a la luz pública a raíz de unas declaraciones a distintos medios de comunicación de Argentina, principalmente el diario “Clarín”, formuladas por Laura Muñoz, esposa de Alejandro Vanderbroele, durante el proceso de su juicio de divorcio de este empresario, lo que originó un escándalo mediático que propició la intervención del Fiscal Jorge Di Lello, quien consignó parte de la investigación ante el Juez Daniel Refecas, quien en abril de este año fue apartado de este asunto por haber tenido un contacto personal indebido con el abogado de los imputados, pasando el caso al Juez Ariel Lijo.

Cabe señalar que al estallar este escándalo en Argentina, los responsables de este entramado desaparecieron en Holanda la empresa “Tierras International Investments CV”.

Este proceso está en curso y se espera que en el transcurso de los próximos meses la autoridad judicial competente finque responsabilidades legales a los acusados en este proceso, entre ellos Gonzalo Pascual, a quien se le señala como copartícipe.

Se tiene conocimiento que hace algunas semanas el juez de la causa solicitó al gobierno argentino interceder ante el gobierno mexicano para proceder a la ubicación física de Gonzalo Pascual, así como solicitar información acerca de sus actividades empresariales, inversiones y cuentas bancarias en México.





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