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Reforma Educativa: Ley General del Servicio Profesional Docente

08 septiembre 2013

 
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Reconocer la capacidad del magisterio y sus alcances, fue el primer paso para llevar a cabo la reforma educativa; reiterar lo que la constitución establece, respecto a los derechos laborales, es no dejar dudas que la certeza jurídica debe prevalecer sobre cualquier emoción política.

El origen de la reforma educativa tiene su fundamento en el documento que firmará el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con los líderes de los tres principales partidos políticos del país: PRI, PAN y PRD, documento denominado “Pacto por México”.

El Pacto por México, es el compromiso realizado por el gobierno de la República y los institutos políticos, en donde establecen que ninguna fuerza política puede, por sí sola, imponer su propia visión ni programa único, sin el acuerdo mayoritario, es decir, mediante este acuerdo se unen las fuerzas políticas en beneficio de la nación.

La iniciativa de Ley presentada por el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y aprobada por ambas Cámaras, de Senadores y Diputados, trae aparejadas algunas inquietudes por parte del magisterio.

La Ley General del Servicio Profesional Docente, es reglamentaria de la ya aprobada reforma educativa por el Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas, al reformarse el artículo tercero de la Constitución, abre paso a la creación de una ley que pudiera regular el servicio profesional docente, así como la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

De las principales interrogantes que existen, es sí la Ley de Servicio Profesional Docente, es una reforma laboral que regulará nuevas condiciones de trabajo, o sí dicha ley provocará los despidos sin fundamento de los docentes.

Partiendo de estas ideas es importante señalar que la ley busca fijar los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio, exclusivamente en la educación básica y media superior.

Es importante hacer una gran diferencia, que la ley en mención no es una reforma de laboral, sino es más bien de tipo administrativo, por varias razones consideramos esto:
Primero, el bien jurídico tutelado del citado ordenamiento legal, es la calidad de la educación, buscando que dicho servicio sea de excelencia y no regula aspectos sobre condiciones de trabajo; en la mencionada ley el Estado actúa en su carácter de autoridad y no con un carácter de patrón.

Segundo, los derechos laborales de los docentes quedan intocados, puesto que los aspectos fundamentales de toda relación laboral siguen estando regulados por las leyes del trabajo correspondientes, es decir, cualquier docente seguirá teniendo los mismos derechos que todo trabajador del Estado tiene, éstos jamás serán deteriorados por motivo de la ley reglamentaria del artículo 3 constitucional.

Consideramos que no es una reforma de tipo laboral, ya que el bien jurídico tutelado es la educación y no la regulación entre las partes, es decir, patrón o trabajador; no hay ningún cambio de condiciones laborales, por el contrario, si existe un cambio de tipo administrativo al regular las condiciones en que se va a llevar la profesionalización de la docencia en nuestro país.

La propia iniciativa de ley es muy explícita en los artículos 83 y 84, que en caso de que exista una controversia del tipo laboral, la autoridad competente será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, aplicando la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y supletoriamente la Ley Federal del Trabajo y en caso de controversia de carácter administrativo derivadas de la propia aplicación de la ley, el competente para conocer estas controversias será el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Tribunal Fiscal).

Pero la calidad laboral o administrativa no la definen los artículos antes mencionados, es el fondo de la reforma el que hace la diferencia entre uno y otro.

Desde el punto de vista jurídico, la Ley General del Servicio Profesional Docente no viola derechos fundamentales de la clase trabajadora docente.

Existe un perjuicio para quienes cobran como docentes sin serlo, porque en nada beneficiará esta ley a esa distracción o perecea académica; pero para aquellos grandes maestros que día a día buscan perfeccionar sus clases y que ven a sus alumnos como los futuros gobernantes o futuros profesionistas del país, para ellos la ley sin duda, será un reconocimiento a su capacidad y su labor académica.

Un gran maestro me enseñó que el mayor crecimiento en la investigación es la crítica.
Estimado lector, usted tendrá la mejor de las reflexiones y si gusta compartirlas sería de gran utilidad:
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