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Ejército, 90% de decomisos

15 junio 2011

 
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Uno de los detalles que mostró la caravana de la paz del poeta Javier Sicilia fue la sacerdotización de la estrategia de protesta contra la estrategia gubernamental de seguridad, en franca violación del Estado laico.

Por lo menos cuatro prelados de la Iglesia Católica firmaron el pacto que pidió el juicio político contra el presidente de la República y varios funcionarios, contraviniendo las leyes que exigen que los sacerdotes no participen en política activa: el obispo Raúl Vera, el padre Miguel Concha, el fraile Gonzalo Ituarte y el sacerdote Oscar Enríquez.
Por lo demás, los sacerdotes de la Iglesia Católica sirven a un Príncipe extranjero y están subordinados a orto Estado, el Estado Vaticano.

El control de prelados de la Iglesia Católica sobre el movimiento por la paz de Sicilia es apenas una de las muchas contradicciones y juegos de poder.
Los sacerdotes que firmaron el pacto pertenecen a la corriente de la Iglesia activista a favor de organizaciones radicales y rupturistas.
Estos sacerdotes utilizan la fe para conducir a los creyentes a la confrontación.
Pero todos ellos han violado la ley al firmar un pacto que exigió el regreso de los militares a los cuarteles pero sin ninguna exigencia a los cárteles de la droga.
Por tanto, su petición se convirtió en una colaboración de la caravana con el crimen organizado al exigir que el gobierno federal ya no use a los militares contra los delincuentes.

Y ahí la exigencia cobra interés por el peso de las cifras: el 90% de los decomisos de armas y drogas que ha hecho el gobierno federal fue logrado por el ejército, además de que las acciones militares lograron la liberación de casi 800 personan que estaban privadas de su libertad por el crimen organizado.
Sobra decir que sin la participación del ejército esas armas y drogas aún estarían causando estragos en los mexicanos.
Por tanto, al retirar al ejército de la lucha contra el crimen organizado los delincuentes podrán regresar a los cárteles a controlar las plazas territoriales mexicanas.
Las cifras 2007-2011 son reveladoras:
Los grupos radicales que se apoderaron del movimiento de Sicilia tienen una agenda política rupturista e insurreccional y no social ni de seguridad.
Por eso el Pacto firmado en Ciudad Juárez --y no avalado por Sicilia en declaraciones pero no con acciones-- desvió el camino hacia una agenda de oposición que, de todos modos, beneficia a los cárteles del crimen organizado porque busca quitarles a los delincuentes el peso específico de las fuerzas armadas que tanto daño han hecho a los cárteles.

El Pacto de Ciudad Juárez, por ejemplo, pidió el retiro de los militares de las calles y su regreso a los cuarteles, pero se negó a exigir la rendición de los capos del crimen organizado, el desmantelamiento de los cárteles, la entrega de armas, el sometimiento de los delincuentes a las leyes penales y, si acaso, la negociación de penas menores a cambio del compromiso de terminar con sus actividades delictivas.
Por eso Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo, Zambada, Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza El Azul, Heriberto Lazcano El Lazca y Servando Gómez La Tuta quedaron más que satisfechos con la marcha porque los malos de la película no fueron ellos sino los militares.

El Pacto tiene más las huellas de Hugo Chávez, López Obrador y el EZLN que de los mexicanos que requieren consuelo por la pérdida de familiares en la lucha contra el crimen organizado.
Algunos datos del Pacto lo confirman:
--Piden la entrada a México de Telesur, la agencia de noticias de Chávez.

--Exigen la refundación nacional, que es la bandera de López Obrador.

--Exigen un modelo de estudios como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de López Obrador.

--Anuncian plantones al estilo López Obrador.

--Exigen la autonomía de pueblos indígenas que es bandera del EZLN.

--Piden juicio político contra el presidente y colaboradores, bandera de Gerardo Fernández Noroña.

--Piden aumento salarial de emergencia al estilo Luis Echeverría.

--Exigen el fin de la Iniciativa Mérida, bandera de Vicente Fox.

--Exigen juicio contra Elba Esther Gordillo, bandera de la sección 22 de maestros.

--Y exigen la aprobación de la reforma política de la bancada del PRI en el Senado.

Pero sobre todo, el Pacto de Ciudad Juárez implica la entrega de las plazas a los cárteles del narcotráfico que el ejército ha recuperado.


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