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Indaga PGR a una juez federal de Matamoros

México, D.F./Agencia Reforma/El Mañana -14 marzo 2013

Implican a secretario y actuaria por falsificación de documentos

Foto: Archivo


La Procuraduría General de la República abrió el año pasado una investigación contra una juez federal, un secretario y una actuaria de Tamaulipas, por presuntamente falsear la fecha en que resolvieron una orden de aprehensión.

Fuentes gubernamentales dijeron que la indagatoria fue abierta contra la Juez Primero de Distrito en Matamoros, Sonia Hernández Orozco, su secretario Francisco Edmundo Mexia Pacheco y la actuaria Aracely Godoy Hernández, por delitos contra la administración de la justicia y falsificación de documento público calificado.

Según los informes recabados, un fiscal de la SEIDO grabó las conversaciones telefónicas que sostuvo con el secretario Mexia en las que éste le dice que debe esperar uno o hasta dos días para que resuelvan la consignación.

‘‘Para comentarte de los tiempos, acabo de comentar con la titular que le acaban de caer dos asuntos pesadones allí, me dice que va a quedar pero que para mañana.
Yo sé que pues te muevo, te muevo todo, pero así traemos los tiempos, nosotros también andamos bien cargados y más la titular.

‘‘Sí traemos bien cargado y tú sabes que tu asunto pues no está nada sencillo, lo que pasa es que tiene un chorro de constancias y tanto la titular como yo, tengo yo, yo paso mi proyecto en los tiempos que te dije, pero ahorita acabo de comentar con ella’’, le habría dicho el secretario al fiscal.

Esta indagatoria contra la juez
deriva de una orden de aprehensión que solicitó la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indo-cumentados y Órganos de la SEIDO, el 18 de julio de 2012.

La información proporcionada señala que el secretario Mexia llamó el mismo día por teléfono a un fiscal de la subprocuraduría para informarle que el juzgado no resolvería en 24 horas, el término que marca la ley para los casos de delitos graves como la delincuencia organizada.

Dos días más tarde, cuando ya habían pasado 48 horas, el secretario llamó de nueva cuenta al fiscal para avisarle que ese día tampoco resolvería la consignación, sino al siguiente.

El 21 de julio el funcionario de la SEIDO acudió al juzgado donde le entregaron la orden de aprehensión librada, pero el problema es que el fallo tenía como fecha el 19 de julio, como si se hubiera resuelto en las 24 horas reglamentarias.

Según informes de la Procuraduría, el fiscal federal pidió a la actuaria Aracely Godoy Hernández notificar la resolución con fecha del 21 de julio y no con una fecha anterior, como pretendían hacerlo, pues la juez no había emitido su fallo el día en que lo señaló en el resolutivo.

Vía telefónica, el secretario consultó la petición de la PGR con la juez Sonia Hernández, pero supuestamente la impartidora de justicia le indicó que no sería modificada la fecha de la notificación.

El documento no fue modificado y el fallo quedó establecido conforme al plazo legal, aunque en realidad tenía un retraso de 72 horas.

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