La eliminación de la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados aumentaría esa población en al menos cinco millones de personas en las próximas cuatro décadas, según un informe divulgado en Washington DC.

El informe del Instituto de Política Migratoria (MIP), de 12 páginas, evaluó en varios escenarios posibles el impacto que tendrían hasta el año 2050 en la población indocumentada las propuestas conservadoras para eliminar la ciudadanía automática o cambios a la 14 Enmienda de la Constitución estadounidense.

En concreto, el análisis señaló que, por ejemplo, una iniciativa presentada en la Cámara de Representantes, que negaría la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos si ambos padres son indocumentados, aumentaría el número de extranjeros sin papeles de estadía legal de 10.
8 millones en la actualidad a 16 millones en 2050.

En la actualidad, tres de cada cuatro indocumentados en Estados Unidos es de origen hispano, con lo cual la minoría hispana sería la más golpeada si hay un cambio en la concesión de ciudadanía por nacimiento, indicó MIP.

Si se aprueba esa ley, la población de niños privados de su ciudadanía por tener padres indocumentados sería de 4.
7 millones para 2050, y el porcentaje de todos los niños estadounidenses entonces considerados "ilegales" se duplicaría de dos a cuatro por ciento, según el informe de MIP.

Si, aparte de esa ley, se restringe también la ciudadanía cuando sólo uno de los padres es indocumentado, el número de niños privados de su ciudadanía por nacimiento "sería aún más alto", indicó MIP.

La población indocumentada aumentaría a 24 millones en 2050, suponiendo que se niega la ciudadanía a niños nacidos en Estados Unidos cuando uno de sus padres es indocumentado pero el otro es ciudadano estadounidense.

Además de promover leyes en el Congreso para disuadir la inmigración ilegal, también hay grupos que han pedido audiencias para al menos sopesar un cambio a la 14 enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de Estados Unidos y del Estado donde reside.

Sin embargo, cualquier cambio en la Constitución requiere el apoyo de dos terceras partes del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de las legislaturas en los 50 estados de la nación.