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El paraíso de las violaciones

Por Marcela Turati/Toluca, México /El Mañana -07 septiembre 2012

El Estado de México constantemente está envuelto en escándalos sexuales de gran envergadura. Los más recientes son los de las siete jovencitas violadas y otras varias abusadas frente a sus compañeros durante un retiro espiritual en un rancho ecológico de Chalco. Y las 26 mujeres violadas por policías en castigo por haber participado en la revuelta de San Salvador Atenco, en una acción represiva que el exgobernador Peña Nieto reivindicó durante su campaña electoral.

A MEDIAS. Entre 2005 y 2010, casi todo el sexenio del precandidato presidencial priísta Enrique Peña, por cada 10 denuncias presentadas por homicidios dolosos contra mujeres, cuatro presuntos culpables fueron consignados ante un juez.

“Ya no creo en los hombres”, dice con la mirada dura, sin alma.
La brillantina con la que colorea sus párpados, los broches rosas que adornan su pelo, el collar del que cuelga una estrella y la sudadera estampada con corazones delatan que sigue siendo una niña, una adolescente con el corazón envejecido.
“No soporto que un hombre esté a mi lado y no puedo ser novia de nadie”.

El 28 de junio de 2011, cuando tenía 16 años, Carmen (como la llamaremos aquí), habitante de Chimalhuacán, había sido contratada como ayudante por el elotero Luis Francisco Duarte Rivera, quien al terminar la jornada en el tianguis le dijo que no le pagaría hasta que lavara los trastes en su casa.
Una vez ahí, aprovechando que estaban solos, la tomó con fuerza, la jaló hasta la cama, le quitó la blusa y el pantalón, le abrió las piernas, comenzó a tocarla violentamente, a morderle los senos e intentó violarla.

“Empezó a abusar de mí.
Yo le pedía: ‘Déjeme ir con mi mamá’ y él decía: ‘Nomás tantito, nomás te enseño’.
Cuando me vio llorando desesperada me soltó, salí corriendo, me escondí detrás de su camioneta”, recuerda.
Cuando la dejó ir le pagó 200 pesos: 100 por la jornada laboral y 100 para que se comprara unos pantalones.

“Era la primera vez que alguien me tocaba así porque yo no había tenido nada con nadie”, dice.
Los médicos que la atendieron dejaron asentado en el expediente que tenía mordidas en los senos e inflamación vaginal.

Pero desde que interpuso la denuncia (la 332580260911) fue amenazada y denigrada varias veces por el personal encargado de impartir justicia.
El psicólogo Jorge de la Rosa, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) le decía que exageraba.
Su abogada defensora (Teresa Pérez López) le advertía que la llevarían a la cárcel por haber levantado una denuncia por violación cuando lo ocurrido fue un “intento de penetración”.
El agente del Ministerio Público Dagoberto Álvarez Hernández la acusaba de mentirosa y el imputado y su familia comenzaron a acosarla.

Ocho meses después Carmen acudió con Emerenciana López Martínez, doña Mere, la luchadora social que ha dedicado su vida a impulsar la justicia en ese municipio mexiquense marginado –el de Chimalhuacán– y a la que por su fiereza se le cuadran hasta los procuradores.
Entonces el caso fue tomado en cuenta.
El pasado 24 de febrero logró un castigo para el elotero: lo obligaron a pagar 15 mil pesos por los daños.
A Carmen esa sentencia la dejó más ofendida.

“Hay semanas que a mi casa llegan tres, cinco mujeres diciéndome que las violaron, que están a vuelta y vuelta con el Ministerio Público hasta que se cansan porque ahí no hacen nada.
O mujeres que llegan todas golpeadas porque las quisieron matar y que luego terminan asesinadas.
Pero las autoridades están a favor de los delincuentes, nomás los protegen”, se queja doña Mere.

La acompaña para esta entrevista la mamá de Esperanza (no es su nombre real), una niña violada por tres vecinos en 2006, cuando tenía nueve años.

“Mi hija quería justicia porque decía que no quería que a otras niñas le hicieran lo mismo y se careaba con ellos en las audiencias; estaba firme, muy valiente.
Pero aunque hicimos lo humanamente posible no hubo justicia.
Ella no cree en la justicia, ya tiene 16 años, entró a la prepa y quiero olvidar todo”, dice la joven madre, llorando, aún con culpa.

6.
5 CADA DÍA
Según cifras oficiales en el Estado de México se denuncian 6.
5 violaciones sexuales cada día.
Esta cifra queda muy lejos de la realidad, ya que ocho de cada 10 casos no se denuncian.

De acuerdo con estas cifras tomadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –publicadas por Milenio– Chalco ocupa el primer lugar estatal en violaciones con una tasa de 4.
7 ataques por cada 100 mil habitantes al año y va al alza.
Le siguen Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli con una tasa de 2.
8 ataques de ese tipo, Nicolás Romero con 2.
6, La Paz con 2.
4 y Tlalnepantla y Naucalpan con 2.
3.

Si en un semestre se denuncian 7 mil 178 violaciones sexuales en el país, mil 184 corresponden al Estado de México que en ese lapso presenta también 674 denuncias por otros delitos sexuales como “estupro, abuso y actos libidinosos”.

El estudio Feminicidios en México, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, indica que entre 2005 y 2009 la incidencia de violaciones sexuales en el Estado de México fue de 40.
2 por cada 100 mil mujeres, 48% arriba del promedio nacional.

La procuraduría estatal ha reconocido que las violaciones sexuales contra niños, niñas y adolescentes en la entidad creció 270% de 2009 a 2011: pasó de 213 a 789 denuncias al año.

Según Esperanza Arias Velásquez, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, de 2009 a la fecha en el Estado de México se ha incrementado 60% la tasa de violaciones sexuales.

“Una investigación que hicimos a través de distintas promotoras de salud en todo el Estado nos da el dato de que por día hay ocho casos de violencia sexual, ya sea violación o actos que denigren sexualmente (como que te maltraten la vagina o te la quemen con cigarros) y en total a la semana hay 10 casos de violaciones sexuales y ocho visitas al médico”, explica a Proceso.

Por su parte, Mónica Hurtado, de la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México cuestiona las propuestas paliativas de los políticos para atacar el fenómeno: “Unos diputados propusieron crear autobuses rosas (exclusivos para mujeres), ahora se aprobó la condena de 70 años para violadores y asesinos de mujeres y últimamente están con lo de las castraciones químicas, como si las violaciones no fueran también con objetos.
Pero no hay una política pública que vaya a la raíz de la violencia, a la desigualdad, a la impunidad”.

ADEMÁS, FEMINICIDIOS
La amenaza está siempre latente.
La nueva alerta la encendió el asesinato en Ecatepec de Jessica Lucero, de 14 años y quien el pasado 14 de julio, un mes después de que denunció por violación a Carlos García Sanjuán, de 22 años, fue hallada totalmente desfigurada, muerta a golpes y pedradas.

El mismo mes, en Chalco, fue violada y asesinada Sonia Nereo, de 16 años.
El 19 de julio salió temprano de su casa para ir a su trabajo, en una tortillería y al día siguiente fue encontrada en un lote baldío.

A este panorama se suman las manifestaciones que afuera del Palacio de Gobierno realizó en mayo Adriana Bustamante para exigirle al gobernador que sancione a funcionarios de la procuraduría y del Ayuntamiento de Metepec por proteger a los cinco hombres implicados en la violación de su hija de 13 años.

Estos casos presentan el mismo patrón de impunidad con el que opera la procuraduría mexiquense hacia los delitos cometidos contra las mujeres.
Esta misma procuraduría que cuando gobernó el estado Enrique Peña Nieto investigó el caso Paulette –la niña de nueve años desaparecida de su casa y hallada asfixiada ahí mismo–, la que no condenó a ningún policía por la barbarie de Atenco, la que no ha podido contener los feminicidios.

Esta entidad –que se quedó con el título que ostentaba Ciudad Juárez de “la tierra de los feminicidios”, según el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios– presenta un índice de violencia contra la mujer de 54.
1%, que duplica al promedio nacional, de 23.
2%.
Y entre enero de 2005 y agosto de 2010 fueron asesinadas 922 mujeres y la violencia sexual supera la media nacional.

NUEVA CIUDAD JUÁREZ
Basta un vistazo a la prensa local para advertir la magnitud del problema.
Además de los casos aislados de familiares o conocidos que forzaron el acto sexual, se sabe de la existencia de bandas o violadores seriales como un sujeto identificado como Poncho, quien violó a 30 mujeres y mató a tres en Atizapán.

O tres policías municipales de Tlalnepantla que violaron a una niña de 14 años.
O una banda de taxistas acusados de violar a 14 mujeres en Atenco.
O los maestros de karate de Toluca que violaron a sus alumnas y las fotografiaron desnudas.
O la banda de violadores de al menos siete mujeres en combis del servicio público.

Otras notas dejan manifiesta la desesperación de la población ante el fenómeno, como la detención, en el municipio Santo Tomás de los Plátanos, de Alicia Hernández Pompa y su hija de 17 años que en legítima defensa asesinaron a un vecino que se metió a su casa a violar a la adolescente.

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