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‘Se burlaron de nosotros’

Brownsville, Tx./Agencia AP/El Mañana -13 julio 2012

Hermila García ha ayudado a destapar un caso en el que una docena de personas, la mitad de ellas abogados, han sido investigadas como parte de un análisis federal de lo que muchos describen como el peor escándalo de corrupción judicial que han visto. Buscan justicia por el asesinato de una mexicana

DOLOR. “No sé qué es más fuerte, si el dolor de perder a mi hija o el coraje que me da la forma en que se burlaron de nosotros”, comentó Hermila García, una mexicana de 65 años, oriunda de Reynosa, que vive en Texas desde hace más de 30 años y tiene la ciudadanía estadounidense.


Poco después de que su hija fuese asesinada a tiros por su examante, Hermila García recuerda haber escuchado estas palabras reconfortantes: “Represento al estado.
A la ley.
Voy a representarla y a defender a su hija”.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Cameron, Armando Villalobos, consiguió que Amit Livingston fuese hallado culpable y condenado a 23 años de cárcel, pero fiscales federales dicen que paralelamente allanó el camino para que Livingston se escapase a cambio de una buena suma de dinero.
Cinco años después, el asesino sigue suelto.

Y una docena de personas, la mitad de ellas abogados, han sido encausadas como parte de una investigación federal de lo que muchos describen como el peor caso de corrupción judicial que han visto.

Además de Villalobos, otras dos personas estuvieron presentes el día que Livingston quedó en libertad: Abel Limas, el juez que presidió juicio, y Eduardo Lucio, un abogado que representó a los hijos de la víctima en una demanda civil.

“No sé qué es más fuerte, si el dolor de perder a mi hija o el coraje que me da la forma en que se burlaron de nosotros”, comentó García, una mexicana de 65 años, oriunda de Reynosa, que vive en Texas desde hace más de 30 años y tiene la ciudadanía estadounidense.

Los juicios de Lucio y Villalobos están programados para agosto.

Limas ya fue juzgado y hallado culpable, y espera ser sentenciado.
Los fiscales de su caso delinearon los sobornos que se pagaban a cambio de fallos favorables, que convirtieron el tribunal en una empresa delictiva que le generó al menos 257 mil dólares.

Hubo una cascada de casos de corrupción que implicaron a un exlegislador estatal, un exinvestigador de la procuraduría y, más recientemente, a Villalobos.
Los investigadores federales interceptaron el teléfono de Limas y escucharon unas 40 mil llamadas, algunas de las cuales ofrecen detalles escabrosos de cómo se manejaba la justicia a puertas cerradas y de cómo las amistades entre abogados y los sobornos a veces inclinaban la balanza en los procesos judiciales.

“Es algo que fue tomando forma paulatinamente desde que surgió el primer caso”, manifestó Anthony Knopp, profesor emérito de la Universidad de Texas-Brownsville.
“La gente se horroriza cada vez más con cada nueva acusación y cada revelación.
Parece algo muy difundido en la comunidad legal”.

El abogado de Villalobos, Joel Androphy, desistió de responder preguntas antes del juicio, pautado para el 30 de agosto, y se limitó a decir que “alguien no entendió bien algunas cosas”.
Lucio también se abstuvo de hacer comentarios cuando asistió a una reciente vista judicial en la que él y Villalobos vieron como Limas declaraba en contra de otro abogado.

Muchos observadores estiman que el de Livingston es el caso más escandaloso de todos.
Los fiscales federales dicen que Villalobos conspiró con Limas y Lucio, un viejo amigo y exsocio en una firma de abogados, para sacarle provecho económico al sistema.

Limas y Villalobos se conocían bien.
Villalobos fue el primer fiscal asignado a su juzgado en el 2001 y posteriormente trabajó en su juzgado como defensor de oficio, hasta que se postuló a fiscal de distrito.

Los fiscales federales dijeron que para que su plan funcionase, debían contar con la complicidad de figuras clave del juicio penal de Livingston y del caso civil en su contra iniciado en nombre de los tres hijos de la víctima, Hermila Hernández, de 31 años.
Indicaron que Villalobos hizo que Lucio representase a los tres niños.
Los dos casos, el penal y el civil, fueron a parar al juzgado de Limas.

El trío le puso el ojo a la fianza de 500 mil dólares que pagó Livingston para ser liberado antes del juicio.
Para conseguirla, convencieron a Limas de que lo declarase culpable y lo condenase en el mismo día, de modo tal que el dinero quedase disponible para cubrir el monto de la demanda civil.

Pero Limas también aceptó una solicitud de Livingston de que le diese 60 días de libertad antes de comenzar a cumplir su castigo para poder poner sus asuntos en orden.
Ello implicó dejar en libertad a Livingston sin fianza alguna, algo insólito por tratarse de una persona que ha sido hallada culpable de asesinato y condenada a décadas de prisión.

El abogado de Houston, Greg Gladden, que representó a Livingston en los dos casos, el penal y el civil, dijo que todo parecía proceder según las normas hasta que Limas, a insistencia de Villalobos, aceptó sentenciar al acusado en el mismo día en que se declaró culpable.

“Estábamos en la oficina y el juez dijo: ‘Aceptaremos la declaración de culpabilidad y fijaremos la fecha de la sentencia’”, relató Gladden.
“Pero Villalobos respondió: ‘Juez, no nos importa si deja que se presente (a cumplir la pena) más adelante, pero la familia está aquí, la prensa está aquí.
.
.
Queremos que se haga todo ahora y si usted permite que él se entregue voluntariamente, no tenemos objeción’”.

Gladden quedó mudo.
Estaban permitiendo a Livingston permanecer libre 60 días sin fianza alguna a cambio de que se comprometa a cumplir con su sentencia.

“Al salir del juzgado me quedé pensando que el sheriff iba a tener que entregar el dinero de la fianza en cuanto se resolviese el caso civil y me pregunté cuánto de ese dinero recibiría Villalobos”, declaró Gladden.

Según la acusación, esa suma fue de 80 mil dólares, que salieron de los 200 mil que recibió Lucio como honorarios por su trabajo en el juicio civil.
Entre los dos le dieron 10 mil dólares a Limas para que no abriese la boca, de acuerdo con los fiscales.

“Me sentí humillada, burlada”, expresó García hace poco en su vivienda de San Juan.
“¿Por qué se burlaron de nosotros? ¿Por qué? (Villalobos) Es un cínico”.

Cuando García se enteró de que Limas se había declarado culpable de asociación ilícita el año pasado, volvió a visitar con otra hija la oficina del FBI en Brownsville.
Ya había ido una vez tras la desaparición de Livingston en el 2007, pero no pudo ofrecer pruebas de que había habido irregularidades en los manejos del tribunal.

El agente que la recibió la segunda vez, le dijo, “hemos esperado por usted bastante tiempo, señora García”.

Moisés Salas Jr.
, presidente del Colegio de Abogados del condado de Cameron, dijo que reparar el daño hecho al sistema legal tomará años.

“La gente piensa que los abogados son todos bandidos, que los jueces son todos bandidos y se protegen entre ellos, borran las huellas”, manifestó Salas.
“Ahora sale esto a la luz y la gente dice, ‘bueno, esto confirma lo que siempre sospechamos’”.

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